En respuesta al actual escenario económico, el Gobierno ha implementado un conjunto de medidas de apoyo dirigidas a las personas con préstamos hipotecarios, enmarcadas en el Código de Buenas Prácticas para hipotecados. Estas acciones no solo buscan mejorar la situación de las familias vulnerables, sino también establecer un marco temporal de actuación para aquellos en riesgo de vulnerabilidad, al tiempo que se facilita la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.
Dentro de estas medidas, se ha puesto un énfasis especial en los hogares con ingresos anuales inferiores a 25,200 euros y que destinan más del 50% de su renta al pago de la hipoteca. Para ellos, se ofrece la oportunidad de acceder a una carencia de dos años, durante los cuales podrán pagar una cuota reducida. Además, disfrutarán de un tipo de interés más favorable durante este período y podrán extender el plazo de devolución del préstamo hasta siete años.
Además, se han considerado iniciativas dirigidas a las familias con ingresos ligeramente superiores, es decir, por debajo de los 29,400 euros anuales. Para poder beneficiarse de estas medidas, es necesario haber suscrito la hipoteca con una entidad financiera antes del 31 de diciembre de 2022, tener una carga hipotecaria que supere el 30% de los ingresos y que haya aumentado al menos un 20%.
En este contexto, las entidades financieras también están obligadas a ofrecer a todos los hipotecados de clase media la posibilidad de congelar la cuota durante 12 meses, acceder a un tipo de interés más favorable sobre el monto aplazado y extender el plazo del préstamo hasta 7 años.
Estas medidas representan un paso importante hacia una mayor protección y apoyo a las familias que enfrentan dificultades económicas. El compromiso del Gobierno es proporcionarles el respaldo necesario para que puedan afrontar sus compromisos hipotecarios y superar este desafiante entorno económico. Con estas acciones, se busca brindar estabilidad y seguridad financiera a las familias, al tiempo que se fomenta la recuperación económica de manera sostenible y equitativa.